Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
ARCOTEL da cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría sobre concurso de frecuencias
La Contraloría General del Estado en el informe final DNA4-0025-2018 del examen especial a los procesos de concesión de frecuencias para los servicios de radiodifusión y televisión analógica y digital en la ARCOTEL y otras entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2017, emitió la recomendación No. 4 que en su parte pertinente dispone a los Miembros del Pleno del Directorio del CORDICOM y a los Miembros del Directorio de ARCOTEL: coordinar las acciones legales necesarias para proceder con la anulación del concurso público para la adjudicación de frecuencias para el funcionamiento de medios de comunicación social privados y comunitarios de radiodifusión sonora y/o televisión abierta, convocado el 12 de abril de 2016.
El Directorio de la ARCOTEL, en sesión del 17 de agosto de 2018, emitió la Disposición 05-04-ARCOTEL-2018, mediante la cual dispuso al director ejecutivo de la ARCOTEL instrumente las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.
El director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), Ing. Edwin Almeida Rodríguez, mediante Resolución N° 0788 del 14 de septiembre de 2018, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, dispuso la apertura del procedimiento administrativo para dar cumplimiento a la Recomendación No. 4 del informe DNA4-0025-2018. En ésta también se señala que se respetará en todo momento el debido proceso.
Link de la resolución: http://www.arcotel.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2018/09/Resolucion-ARCOTEL-2018-0788.pdf
La ARCOTEL reitera que con el inicio del procedimiento de anulación del concurso público para la adjudicación de frecuencias convocado el 12 de abril de 2016, se cumple lo señalado en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado que determina que las recomendaciones de auditoría deben ser aplicadas por las instituciones del Estado y sus servidores, con el carácter de obligatorio.